El Estado ya había contado los muertos
Published on HivePostify by @skunk1 · Tue Sep 01 2026
Tercera parte de cuatro sobre la DANA del 29 de octubre de 2024. Esta trata de los muertos: cuántos hubo, qué cuenta exactamente la cifra oficial y por qué un año después hay gente levantando su propio censo.
El Instituto de Salud Carlos III tiene un sistema que se llama MoMo y que hace una cosa muy sencilla: cuenta cuánta gente se muere cada día en España y lo compara con la que se esperaba según los diez años anteriores. No cuenta cadáveres. Cuenta defunciones inscritas en los registros civiles, que es un circuito distinto del forense, distinto del policial y distinto del judicial. Es el sistema con el que se siguió la mortalidad durante la pandemia, un día tras otro.
Se aplicó a la DANA. Para la provincia de Valencia, entre el 29 de octubre y el 20 de noviembre de 2024, midió 245 defunciones de exceso, de las cuales 219 se concentraron los días 29 y 30 de octubre, con datos de 57 registros civiles.
Dicho de otra manera: el Estado tenía un segundo recuento de los muertos de Valencia, hecho por un camino independiente, y lo tenía desde el principio. No se publicó en ninguna comparecencia, ni en ningún parte de los que leían las familias. Salió en un repositorio científico y en un artículo de divulgación.
Mientras tanto, durante más de un año, ha circulado por media España que en el aparcamiento de un centro comercial de Aldaia había miles de cuerpos. Y la cifra que contestaba a eso estaba encima de una mesa, sin usar.
Conviene decir de entrada a dónde no va esto. No voy a sostener que la cifra real esté en los miles, porque lo que he encontrado no lo sostiene. Tampoco voy a sostener que la cifra oficial sea la buena, porque tampoco lo es. Este artículo va de que hay dos recuentos oficiales, no coinciden, y nadie ha explicado nunca la diferencia.
Dos formas de contar un muerto
El organismo autorizado a dar la cifra oficial era el Centro de Integración de Datos, creado para esto, formado por una oficina forense y otra de fuerzas y cuerpos de seguridad. Su balance de cierre, publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana: 227 fallecidos en la provincia de Valencia, 136 hombres y 91 mujeres, con 224 autopsias practicadas, e identificados 171 por huella dactilar, 48 por ADN y 5 por reconocimiento en hospital.
Ahí está lo que mide esa cifra, y no hace falta acusar a nadie de mentir para verlo. 227 es el número de cuerpos que entraron en un procedimiento de identificación y salieron de él con un nombre, más tres personas a las que un juez declaró fallecidas sin que apareciera el cuerpo. De ahí la diferencia con las 224 autopsias.
Para entrar en esa cuenta hacen falta tres cosas: que aparezca el cuerpo, que entre en el circuito y que alguien atribuya esa muerte a la riada. Son tres condiciones razonables y ninguna es automática.
MoMo no necesita ninguna de las tres. Le da igual quién identificó el cuerpo y le da igual a qué se atribuya la muerte, porque no lee expedientes forenses: lee inscripciones de defunción. En España no se entierra ni se incinera a nadie sin pasar por el registro civil, y por eso el sistema ve todas las muertes, las atribuidas y las no atribuidas. Los autores del trabajo, Diana Gomez-Barroso, Inmaculada León Gómez y Lucía Pérez Marín, comprobaron además expresamente que los registros no se vieron alterados por la catástrofe: acumularon un día de retraso respecto a años anteriores, y nada más.
Doscientos cuarenta y cinco no es doscientos veintisiete
Los dos recuentos son oficiales, los dos son correctos, y no dan lo mismo.
El 20 de noviembre de 2024, último día de la ventana que mide MoMo, la cifra oficial de fallecidos en la Comunitat Valenciana era de 219. MoMo, para ese mismo periodo y en la provincia de Valencia, mide 245. La cuenta oficial acabó cerrándose en 227, medio año después. La diferencia, según qué corte se tome, está entre dieciocho y veintiséis muertes.
Y aquí hay que ser preciso, porque es fácil decir una barbaridad. Esas muertes no son cadáveres escondidos. Un exceso de mortalidad recoge todo lo que la catástrofe se llevó por delante, no solo a quien se ahogó: el infarto de quien intentaba salir del garaje, la diálisis que no llegó, el enfermo cuyo tratamiento se interrumpió durante días, la persona mayor que no aguantó lo que vino después. Nadie las escondió. Simplemente no cuentan como muertos por la DANA, porque el circuito forense atribuye cada muerte a una causa y esas fueron atribuidas a otra.
Que esa categoría existe no es una deducción mía. Está escrita en el parte oficial del Gobierno del 20 de noviembre, que dice que de las 227 autopsias practicadas, ocho correspondían a personas fallecidas por causas no relacionadas con la DANA. Alguien decidió, cuerpo por cuerpo, qué muerte contaba y cuál no. Es una decisión que hay que tomar y que alguien tiene que tomar. Lo que no se publicó nunca es con qué criterio se tomó.
Así que este es el estado real de la cuestión: hay entre dieciocho y veintiséis muertes que el propio Estado midió, que no están en la lista oficial, y sobre las que no existe ni una línea publicada. No son un rumor. Son la resta de dos cifras oficiales.
¿Y si el segundo recuento también estuviera trucado?
Conviene concederlo de entrada: MoMo no es independiente del Estado. Lo gestiona un organismo público y lee datos que le llegan del Ministerio de Justicia. Lo que es independiente es del circuito que produjo la cifra de 227, que es lo que importa aquí. Y aun así, la pregunta útil no es si podrían mentir, sino qué habría que tocar para que mintiera.
Los datos que lee no se generan para la estadística. Son el residuo de un acto jurídico, la inscripción de defunción, que practican unos cuatro mil registros civiles y sin la cual no hay licencia de enterramiento ni de incineración. Se puede falsear, claro que se puede: hay que enterrar o incinerar a alguien sin papeles, con la conformidad del registro, de la funeraria y del cementerio. Lo que ocurre es que el precio sube con cada cuerpo, porque cada cuerpo añade cómplices, y aquí hablaríamos de decenas de municipios a la vez.
Hay un punto más débil y más sencillo: si los registros dejan de notificar, el sistema cuenta de menos. En una catástrofe que arrasó juzgados y ayuntamientos, es lo primero que cabe sospechar. Los autores dicen haberlo comprobado y que los registros de la provincia solo acumularon un día de retraso. Conviene saber que esa comprobación se la hicieron ellos a sus propios datos, que es lo normal y no es verificación independiente. La verificación independiente existe y es otra: el Instituto Nacional de Estadística publica después la estadística definitiva de defunciones, compilada por otra vía y sin prisa. Si MoMo hubiera contado de menos, ahí se vería. No he encontrado a nadie que haya hecho esa comparación.
Y sobre la hipótesis de que las dos cuentas estuvieran pactadas: no la puedo refutar, y no voy a fingir lo contrario. Ninguna prueba la refutaría, porque está construida para que cualquier dato encaje en ella. Por eso este artículo no se apoya en descartarla, sino en lo que sí se puede enseñar: dos cifras oficiales que no coinciden y ningún documento que cruce las dos cuentas.
Y eso aguanta con la lectura más benévola que se quiera. Aunque no hubiera habido coordinación de ninguna clase, ni mala fe, ni nada más que dos organismos haciendo por separado su trabajo, seguiría siendo cierto que el Estado contó dos veces a sus propios muertos, le salieron números distintos y no explicó nunca la diferencia.
Lo que se decide en esa raya
Todo esto parece una discusión de estadística hasta que se mira quién paga la factura.
El Real Decreto ley 6/2024, de 5 de noviembre, fijó en 72.000 euros la ayuda por cada persona fallecida, subiéndola desde los 18.000 que establecía la norma general de 2005, y eliminó el requisito de acreditar que quien la pide dependía económicamente de la víctima. Es una cantidad a repartir entre todos los herederos.
Para cobrarla hace falta un certificado de defunción por una muerte atribuida a la catástrofe. Es decir: hace falta estar dentro del 227. Estar dentro o fuera de esa lista no es una cuestión estadística para nadie. Es la diferencia entre cobrar y no cobrar, y también la diferencia entre poder personarse en un procedimiento judicial como perjudicado o mirarlo desde la acera.
Que es tanto como decir esto: hay familias que perdieron a alguien por la riada, que están contadas en el exceso de mortalidad que midió el Instituto de Salud Carlos III, que no están en la lista de las 227, y que no han cobrado ni pueden reclamar. No saben que existen esas dos cuentas, porque una de las dos no se publicó donde ellas pudieran verla. Y aunque lo supieran, no hay ningún criterio publicado contra el que discutir su caso.
De dónde salieron los 2.500
La cifra que ha alimentado toda la sospecha tiene un origen concreto. El 1 de noviembre de 2024, tres días después de la riada, se reunió el centro de coordinación de la emergencia, presidido por el ministro del Interior y el presidente de la Generalitat. En el acta consta un dato aportado por los responsables del 112: 2.500 desaparecidos.
Once días después, el 12 de noviembre, los expedientes activos eran diecisiete.
Puesto así, la lectura natural es que alguien está borrando gente. Y conviene explicar el mecanismo, porque no se explicó en su momento y sin él cualquiera llega a esa conclusión.
Una llamada al 112 es una persona preocupada por otra. En una zona donde cayeron las antenas y miles de personas pasaron dos días sin poder decir dónde estaban, un solo incomunicado genera varias llamadas: la mujer, el hermano, el vecino, el compañero de trabajo. Todas entran como registros separados y ninguna se cierra sola, porque nadie llama al 112 para avisar de que ya no hace falta buscar a su padre. El propio ministro del Interior matizó esa misma tarde que se trataba de unas 1.900 llamadas, posiblemente duplicadas y sin actualizar.
Una denuncia es otra cosa: alguien va a una comisaría y firma. Y un expediente ante mortem es la categoría más estrecha: se abre cuando la familia aporta datos físicos y entrega muestras biológicas para cotejar el ADN. Es el expediente que sirve para identificar un cuerpo. Por eso hay diecisiete el 12 de noviembre: no porque se hubieran descartado mil ochocientas personas, sino porque solo diecisiete familias habían llegado al punto de entregar una muestra de saliva para compararla con un cadáver.
Ahora bien, conviene no pasarse de generoso, que es donde casi me equivoco yo escribiendo esto. Ese mecanismo explica que una lista así pueda encogerse legítimamente. No prueba que en este caso se encogiera bien. Que cada uno de esos casos se cerrara porque la persona apareció viva, y no porque el registro se depurara con prisa, es algo que nadie ha publicado. No existe ni un documento que diga cuántas de aquellas llamadas se resolvieron localizando a alguien, cuántas eran duplicados y cuántas se cerraron sin más. La caída es plausible. No está auditada. Son dos cosas distintas y llevan un año presentándose como la misma.
El día en que 227 quiso decir tres cosas
Hay un detalle que ilustra el desorden mejor que cualquier argumento.
El 20 de noviembre de 2024, el parte oficial da 227 víctimas mortales en toda España: 219 en la Comunitat Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. En el mismo parte, 227 autopsias practicadas. Y seis meses después, el balance de cierre da 227 fallecidos otra vez, pero referidos solo a la provincia de Valencia, donde en noviembre había 219.
El mismo número, tres cosas distintas, en documentos oficiales separados por medio año. No he encontrado ningún indicio de que haya manipulación en esto: la cifra provincial subió de 219 a 227 según se fueron identificando y atribuyendo cuerpos, y la coincidencia con el total nacional de noviembre parece casualidad. Pero es exactamente la clase de casualidad que convence a cualquiera de que los números se están moviendo, y no hay ningún sitio al que un ciudadano pueda ir a que se lo aclaren.
Lo que cuesta no publicar una cifra
Aquí es donde se ve el precio de todo lo anterior, y no lo paga la administración.
El caso más conocido es el aparcamiento subterráneo del centro comercial de Bonaire, en Aldaia, con capacidad para varios miles de coches y anegado por completo. Durante días circuló que allí había cientos o miles de cuerpos. Cuando se achicó y se registró, la Policía Nacional y la UME inspeccionaron todos los vehículos y las instalaciones y no apareció ninguna víctima mortal. El director general de la Policía lo dijo con su nombre. Hoy, además, hay una comprobación que entonces no estaba sobre la mesa: para que allí hubiera miles de muertos, MoMo tendría que estar equivocado y cincuenta y siete registros civiles tendrían que estar falseados a la vez.
Lo mismo con los camiones frigoríficos que muchos vecinos grabaron circulando de madrugada, y cuyos conductores no daban explicaciones a quien les preguntaba. El 31 de octubre se habilitó una morgue provisional en el pabellón 8 de Feria Valencia, unos 1.200 metros cuadrados, porque la Ciudad de la Justicia se había quedado sin sitio. Estuvo operativa diecisiete días, hasta el 18 de noviembre, y los cuerpos ya identificados se conservaban en contenedores refrigerados hasta entregarlos a las funerarias. Los camiones eran eso. Un conductor que transporta restos humanos identificados pendientes de entrega a su familia y no se pone a comentarlo con un desconocido que le está grabando a las tres de la mañana no está ocultando nada: está haciendo lo que debe.
El tercer caso no es una imagen sino un argumento, y conviene tomarlo en serio porque quien lo usa tiene delante un dato verdadero. La versión más difundida la formuló así el militar en la reserva Galo Dabouza al presentar el censo del que hablo más abajo: «como hay unos 150.000 vehículos en el desguace, las cifras oficiales de poco más de 200 asesinados es un insulto a la inteligencia».
La destrucción material fue descomunal, eso es cierto. El Consorcio de Compensación de Seguros ha registrado 250.946 solicitudes de indemnización por la DANA, ha pagado más de 4.000 millones de euros y estima el coste final en 4.800. En las primeras semanas, 44.203 de aquellas solicitudes correspondían a vehículos. La cifra concreta de 150.000 coches al desguace no la he podido verificar, porque el Consorcio no ha publicado nunca un desglose consolidado por vehículos. A estas alturas del artículo, que falte el desglose ya no sorprende.
Pero el argumento no depende del dígito, y falla en otro sitio. Un garaje comunitario inundado a las nueve de la noche destroza doscientos coches sin que hubiera nadie dentro de ninguno, porque a esa hora los coches están aparcados y sus dueños están en casa. Los vehículos miden cuánta agua llegó a cuánta propiedad inmóvil. No miden cuánta gente iba dentro.
Y sin embargo hay algo que sí se deduce de esa cifra y que no ha dicho nadie. Si el agua alcanzó a decenas de miles de vehículos aparcados, es que llegó a los sitios donde la gente guarda el coche, es decir, a donde la gente vive y duerme. La magnitud del desastre material no prueba que haya muertos ocultos. Prueba que el aviso que no llegó a tiempo, y del que trató [la primera parte de esta serie](https://hive.blog/@skunk1/la-alerta-que-no-se-dio), tenía que haber llegado a muchísima más gente de la que se supone.
Y el cuarto caso es un documento, y es el más interesante de todos.
En enero de 2026, el familiar de una víctima hizo circular el oficio con el que la Guardia Civil remitió al Centro de Integración de Datos un informe pericial de criminalística, fechado el 2 de noviembre de 2024. Entre los datos judiciales figura el juzgado de instrucción número 2 de Torrent y una referencia: «nº CADÁVER 1202». El lugar del hallazgo, Paiporta. Se leyó como lo que parece que dice, que aquel cuerpo era el número mil doscientos dos.
El documento tiene toda la pinta de ser auténtico y no hay motivo para dudar de quien lo aportó. Pero el propio papel lleva, dos líneas más abajo, la explicación de cómo funcionan esas numeraciones: el informe pericial que se remite va identificado con el número 24/08150-01/BI3. Año 2024, expediente ocho mil ciento cincuenta del servicio de criminalística. Nadie va a sostener que la Guardia Civil peritara ocho mil cadáveres de la DANA. Es un contador anual corrido de todo el trabajo del servicio, y está en la misma página.
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