España no arde, la dejan arder
Published on HivePostify by @skunk1 · Mon Aug 10 2026
El incendio de Burgohondo, en Ávila, se dio por estabilizado el 6 de agosto de 2026 tras quince días activo y más de 50.000 hectáreas arrasadas. Es el mayor incendio forestal del que hay registro en España, y superó por más de doce mil hectáreas el récord anterior, que era del verano pasado.
Quince días. Retenga ese número.
La explicación oficial ya la conoce: el cambio climático. Y con ella se cierra el asunto todos los agostos. Pero hay un dato que esa explicación no puede sortear: en los años setenta, sin UME, sin la flota aérea de hoy y con una fracción de los medios actuales, un gran incendio se extinguía en poco más de un día. Hoy la mediana pasa de ocho. Los medios se han multiplicado y el fuego dura cada vez más. Si el clima fuera la variable determinante, esa curva no podría ir en esa dirección.
Lo que ha cambiado no es la meteorología. Es la gestión. Y en algunos tramos de esta historia, la gestión se parece demasiado a una decisión.
La pregunta de este artículo no es si hay incompetencia: la hay, y abundante. Es si veinte años de decisiones que van todas en la misma dirección, que producen siempre el mismo resultado y que benefician siempre a los mismos, siguen pudiendo llamarse incompetencia. Sostengo que no, y voy a intentar demostrarlo sin recurrir a un solo documento secreto. Todo lo que necesito está publicado, votado y firmado. La parte que nadie ha publicado no es el plan: es el método.
La curva que no encaja
El gráfico procede del trabajo de Civio sobre la Estadística General de Incendios Forestales, el registro oficial. Mide el tiempo de extinción de los incendios de más de 500 hectáreas, que son el 0,6 por ciento del total pero se llevan más del 40 por ciento de la superficie quemada.
La curva, con los datos de Civio sobre el registro EGIF. Conviene precisar lo que el gráfico dice exactamente: es el tiempo mediano, no el medio.
Hay una objeción legítima: parte de esa subida es un cambio de criterio, porque hoy se alarga la fase de control y remate. Concedido. Pero eso explica una parte de la pendiente, no una multiplicación por seis, y no explica que en agosto de 2025 ardieran unas 360.000 hectáreas en quince días, ni que el año cerrara con 393.079, el peor registro desde 1994.
Dónde va el dinero: mucho para apagar, nada para que no arda
Empiezo corrigiendo un dato que circula mucho y que no se sostiene. Se repite que el Gobierno «recortó un 30 por ciento» la partida contra incendios. No he encontrado fuente que lo respalde a escala estatal, y las cifras oficiales van en sentido contrario: el gasto en extinción subió más de un 34 por ciento entre 2024 y 2026, y el de las BRIF un 47.
El dato real es peor que el bulo. Lo que se ha desplomado no es el dinero para apagar, es el dinero para que no haya nada que apagar. Entre 2009 y 2022 la inversión en prevención cayó un 51 por ciento, de 364 millones anuales a la mitad, mientras la extinción se mantenía estable en torno a los 417. Hoy alrededor del 78 por ciento del gasto va a extinción y poco más del 20 a prevención. Y ni lo poco que se presupuesta se gasta: en 2026, en plena ola de fuegos, Extremadura dejó sin ejecutar 44 millones de su presupuesto de prevención, casi la mitad.
Se financia la fotografía del hidroavión y se desfinancia el desbroce que nadie fotografía.
El monte que nadie limpia
La causa material de un gran incendio no es el calor, es el combustible acumulado. Antes el monte se comía: lo comían las cabras y las ovejas, se recogía leña, se quemaba rastrojo en invierno, se desbrozaba porque el monte era la despensa de un país rural. Un monte trabajado arde mal. Hoy el pueblo está vacío, la ganadería extensiva es residual y la quema tradicional está sepultada bajo permisos y responsabilidades penales.
Aquí hay que ser exacto, porque la versión que corre exagera y al exagerar se vuelve refutable: las quemas y el desbroce no están prohibidos. Están sometidos a autorización, a normativa autonómica y a ventanas de calendario cada vez más estrechas, y el propietario responde de lo que pase. El efecto práctico es el mismo, casi nadie lo hace ya, pero no es lo mismo, y decirlo mal le regala al adversario la refutación fácil.
Lo que sí es literal es el desequilibrio de esfuerzo. Hay un aparato entero del Estado, con el SEPRONA a la cabeza, dedicado a vigilar que el vecino no toque el monte, y casi nadie dedicado a que el monte esté limpio. Se persigue con más diligencia la infracción que la maleza.
El contrafuego: la técnica que funciona y que nadie quiere firmar
El contrafuego consume el combustible por delante del frente y le corta el paso. Contra lo que suele decirse, no es ilegal: la Ley 43/2003 de Montes autoriza en su artículo 48 al director técnico de la extinción a ordenarlo, incluso sin permiso de los propietarios del terreno que se va a quemar. Lo que ocurre es otra cosa, y es peor: la responsabilidad personal si sale mal es tan alta que casi nadie lo firma. Un director de extinción que deja arder tres mil hectáreas siguiendo el protocolo no responde de nada; el que quema doscientas para salvar tres mil y se le tuerce el viento responde de todo. Con ese reparto de incentivos, la técnica desaparece sola. No hace falta prohibirla.
[Vídeo: Ramón Cantillo, a los 77 años, explica cómo se apagaba antes](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-ramon-cantillo-contrafuego.mp4). «No quiero morirme sin que los que vean este vídeo sepan que había otra forma de apagarlo cuando no teníamos medios ninguno.»
El corolario judicial lo convierte en escándalo. El 17 de agosto de 2025 la Guardia Civil detuvo a un vecino de Petín, en Ourense, de 61 años, por prender un contrafuego que frenó las llamas que bajaban hacia varias casas. Quedó en libertad al día siguiente, investigado y con obligación de comparecer los días 1 y 15. Ese es el dato exacto: no ingresó en prisión, al contrario de lo que se ha repetido. Lo que sí es cierto es que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con 2.000 euros de fianza, y que unas doscientas personas se plantaron en el juzgado de A Pobra de Trives a pedir su libertad.
La ley permite el contrafuego. Lo permite al mando. Al vecino que hace lo mismo porque el mando no está allí lo espera un procedimiento penal. En un país donde el mando tarda quince días en apagar un monte, esa asimetría no es un tecnicismo: es la razón por la que la técnica que funciona no se usa.
Circula además la historia de un invento español arrinconado: el Ecofire, del ingeniero oscense César Sallén, presentado en 2023. Se dice que apaga cuarenta veces más rápido que el agua, que la UME aprobó su eficacia y que no recibe un euro público. Lo incluyo con lo que he podido y no he podido comprobar.
El producto existe y está comercializado. La prensa lo cubrió en 2023 con la cifra que después se ha repetido en todas partes. Está compuesto de fibra de celulosa y almidón, actúa formando una barrera térmica que encapsula la llama, y su aplicación más documentada es el control de incendios de baterías de litio en vehículos eléctricos, que es un problema real y muy mal resuelto por los medios convencionales. [Aquí, la presentación](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-ecofire-presentacion.mp4), con la equivalencia que resume su interés: un camión con 3.000 litros por cincuenta camiones de agua.
Ahora lo que no he podido comprobar, porque el lector merece saber dónde acaba lo verificado. La cifra del cuarenta a uno procede del fabricante y de las notas de prensa que la reprodujeron; no he encontrado un ensayo independiente publicado que la certifique en incendio forestal. Tampoco registro público de una aprobación formal de la UME, que es cosa distinta de que algún efectivo lo haya probado. Y su composición exacta es secreto industrial, lo cual es legítimo en una empresa y a la vez es justo lo que impide que un tercero la evalúe.
Con eso sobre la mesa, la versión que defiendo es más modesta y sigue siendo grave: hay un producto español con recorrido que apenas se ha probado en campo forestal y que no está recibiendo el impulso público que su inventor cree merecer. Para eso no hace falta una conspiración. Basta la lentitud habitual de una administración que compra donde siempre compró.
Los medios que existen y no salen
El 26 de enero de 2024, en Valladolid, la Junta de Castilla y León entregó 60 vehículos pick-up equipados con kits de extinción a agrupaciones de Protección Civil, por cerca de tres millones de euros. Sesenta, no «cientos» como se ha dicho; la cifra es de la nota de prensa de la propia Junta.
La flota entera aparcada en filas entre la niebla de Valladolid.
La denuncia de agosto de 2025 es que esa flota no se activó, y viene documentada desde dentro. Una agrupación de voluntarios de un pueblo de León, registrada como colaboradora de extinción y con medios propios, contó por escrito que Protección Civil de Castilla y León le respondió que no podía acudir hasta ser activada, y que la activación no llegó nunca.
«Dos Pickup con equipos completos de extinción guardados en la cochera porque no nos activan.»
Y no era la primera vez. El mismo correo alude a un precedente que también está por escrito: la respuesta del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León a las agrupaciones que se ofrecieron para la DANA de Valencia.
«NO SE NECESITAN VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.» Quien vaya, lo hace bajo su responsabilidad y sin alojamiento ni avituallamiento.
Mientras tanto se pedía ayuda fuera.
La comunicación del Ministerio del Interior: medios recibidos u ofrecidos por Francia, Italia, Países Bajos, Eslovaquia, Alemania y Chequia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Sobre el despliegue militar hay que afinar otra cifra muy repetida. No es cierto que las Fuerzas Armadas tardaran quince días: la UME estaba desde el principio y llegó a tener todos sus efectivos activados. Lo que ocurrió el 18 de agosto, con media España ya calcinada, es que se sumaron los tres ejércitos en su apoyo, hasta 1.400 militares en ataque directo y 2.000 en apoyo. La pregunta pertinente no es por qué no salió el Ejército, sino por qué hicieron falta trescientas mil hectáreas para poner esa capacidad entera sobre la mesa.
Y la cuenta que no admite matices: en los incendios de León murieron tres personas en poco más de una semana. Jaime Aparicio, de 37 años, y su primo Abel Ramos, de 35, ambos de La Bañeza, que trabajaban con maquinaria conteniendo las llamas en Nogarejas, y un brigadista forestal cuando su motobomba volcó en Espinoso de Compludo.
Los que se quedaron
Lo único que funcionó en 2025 fue la desobediencia. En Valdeón los vecinos se negaron a irse pese a la orden de evacuación, precisamente porque no había medios. «No saldremos del pueblo, vamos a defenderlo.»
Los vecinos de Valdeón despejando la carretera, con los Picos de Europa al fondo entre el humo. [En este vídeo](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-leticia-posada-de-valdeon-rtve.mp4), Leticia, de Posada de Valdeón, lo explica en directo en RTVE mientras el frente baja por la ladera: no se han desalojado porque no hay ayuda y son los del pueblo quienes están apagando.
Y está Oencia, en El Bierzo, que merece contarse aunque sea relato vecinal. Los vecinos cuentan que la Guardia Civil los expulsó del pueblo con el frente encima, que varios se escabulleron y siguieron por su cuenta, y que horas después apareció un camión de bomberos que simuló tareas de extinción el tiempo justo para que los lugareños, agotados, se retirasen, y se marchó a continuación. Volvieron al trabajo y salvaron el pueblo. Lo doy como lo que es, testimonio.
El verano de 2026: desalojar y esperar
Un año después no solo no se había corregido nada. Se añadió un elemento nuevo: el desalojo masivo. El incendio declarado el 22 de julio en Burgohondo bajó por el valle del Tiétar y se convirtió en el mayor de la historia registrada de España. Cerca de 90.000 personas evacuadas o confinadas entre Ávila, Madrid y Toledo. Piedralaves, La Adrada, Casavieja, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Mijares, Pedro Bernardo. Contando también la sierra madrileña y Toledo, 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros. Los vecinos que volvieron lo describieron con la misma frase que se repitió en todas partes: «parece una guerra».
Y otra vez, las casas que se salvaron en algunos de esos pueblos las salvaron vecinos que se escondieron para poder quedarse. [Aquí, el testimonio de una vecina de Mijares](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-vecina-de-mijares.mp4), uno de los pueblos desalojados, remitido por un médico de la zona cuya casa se salvó por muy poco.
[Vídeo: el relato del propietario de Explotaciones Forestales Fraile](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-forestal-explotaciones-fraile.mp4), tres generaciones en el monte, cuya empresa tenía adjudicada la limpieza y el perfilado de los cortafuegos de casi ochenta y cuatro mil hectáreas de la sierra de Madrid. Cuenta cómo se desmontó ese trabajo hace once años. Es el testimonio que mejor une el dinero que dejó de ir a prevención con el monte que se llenó de combustible.
Sobre el terreno, lo que muchos vieron fue algo peor que la falta de medios: medios parados. El teniente de alcalde de Pedro Bernardo sostiene que había orden de no intervenir hasta que el fuego llegara a las casas, y que se desalojó a los vecinos para que no vieran los camiones detenidos. Es testimonio de un cargo público, con nombre y responsabilidad; no he encontrado desmentido oficial ni confirmación independiente. Lo dejo en lo que vale. [Aquí lo cuenta](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-teniente-alcalde-pedro-bernardo.mp4), y [aquí las imágenes de la UME detenida](https://skunk1.blog/wp-content/uploads/2026/08/video-ume-detenida.mp4).
Lo que queda después: minerales y placas
Llegamos a la parte que peor aguanta la comprobación, y por eso la expongo entera y digo después qué se sostiene. La tesis que circuló en agosto de 2025 es que el mapa de los incendios coincide con el de las tierras raras y los minerales estratégicos.
Los focos de agosto de 2025, con fuente en EFFIS y la Junta de Castilla y León, y las minas de minerales estratégicos: niobio, litio, tántalo y tierras raras.
La superposición impresiona y aun así no la doy por buena, por tres razones que no dependen de que nadie me diga qué pensar. La primera es de método: el segundo mapa circuló sin fuente identificable y no he podido rastrearlo hasta ningún registro oficial. La segunda es geográfica: el noroeste peninsular encabeza la estadística del EGIF desde hace medio siglo, décadas antes de que nadie hablara de litio, y es además la zona del macizo antiguo, donde está esa geología. Coinciden porque ambas cosas llevan ahí siempre. Y la tercera, la que de verdad me convence: quemar un monte no acelera ni un solo trámite. Una explotación minera se autoriza con estudio de impacto, información pública y alegaciones, y eso dura años.
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